Las Juanas, No. 1 - Noviembre 1 de 2026
Mi abuelo Gilberto fue un respetado líder sindical mientras se desempeñaba como portero de la Universidad Nacional de Colombia. Se destacó en su labor y ascendió hasta ser nombrado el primer administrador de las residencias de la Unidad Camilo Torres donde, me cuenta, ubicaba a estudiantes de todas las regiones del país. Hace unos días me contaba que una de las primeras cosas que ejecutó fue la siembra de árboles por el complejo residencial que hoy sirve para algunas clases, casualmente, las que curso en mis estudios de posgrado. Años después no solo se perderían las residencias estudiantiles, sino que mi abuelo, bajo la rectoría del tiránico Marco Palacios, sería perseguido por su liderazgo entre las y los trabajadores y terminaría enfrentando un injusto proceso disciplinario que lo sacaría, sin debido proceso, de la Universidad Nacional de Colombia. Años más tarde, y siguiendo la espiral del tiempo, me vería yo expuesta a un proceso disciplinario de similares características, en un ejercicio de persecución a mi liderazgo como representante estudiantil. Esta vez, el destino fue más justo y el proceso fue archivado ante la falta de pruebas para siquiera iniciar la fase investigativa.
Mi abuelo estaba en la Universidad el 16 de mayo de 1984, día en que la fuerza pública entró al campus de la sede Bogotá. Los diferentes estamentos marcharon para protestar pacíficamente por el asesinato de Jesús “Chucho” León, presidente de Cooperación Estudiantil, y del profesor Luis Armando Muñoz González. No hay cifras oficiales, pero se sabe que hubo desapariciones, asesinatos y violaciones al estudiantado, a quienes posteriormente cubrirían con capuchas fabricadas por los mismos policías para impedir su identificación. Me cuenta que se escabulló y tuvo que subir a la vieja torre de enfermería -hoy clausurada, en frente de la Plaza Ché- para no ser encontrado por los miembros del F2, que tenían órdenes claras de acabar con todo estudiante o trabajador al que se le reconociera como líder dentro de la comunidad universitaria. Subió hasta lo más alto que pudo y encontró un baño en el que se encerró, esperando no ser encontrado. Los gases lacrimógenos que utilizó el GOES eran durísimos. Entonces tomó su camisa, abrió la llave del agua y la mojó para poder respirar a través de ella. Mi abuelo aparecería hasta tres días después en la casa de mi abuela.
Esta semana, el señor Abelardo de la Espriella, con su característico lenguaje autorreferencial, masculino y carente de toda autoridad volvió a perfilar a las universidades públicas, utilizando frases amarillistas como “vandalismo” o “terrorismo urbano”. No es más que un sofisma que busca que una población cada vez más acrítica avale la idea de que, como sucedió en las épocas de mi abuelo, las fuerzas armadas puedan entrar a matar estudiantes, sindicalistas y profesores. Como en aquellos días, el ESMAD no preguntará quién delinque o quién actúa contra legem, como parecen desear quienes hoy reclaman esta medida, entrará y será letal con quien se cruce. Ya lo hemos visto, ya ha sido así. Este es también el discurso que este gobierno sigue implementando de la lógica amigo-enemigo que advertía Carl Schmitt, en la que “el otro” debe ser deshumanizado para convertirse en una amenaza. Quien protesta pasa a ser delincuente; quien disiente, vándalo; quien incomoda, una amenaza para la seguridad nacional.
Tampoco es menor la lambisconería del pronunciamiento del rector Ismael Peña, quien, tan impopular e ilegítimo como lo fue Marco Palacios, ha demostrado su incapacidad para ejercer este cargo. Ante la amenaza a la autonomía universitaria, principio consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, parece más ocupado en pedir carné a la entrada que en defender públicamente a la Universidad frente a quienes hoy la señalan y estigmatizan. De nuevo, la lógica es la misma: “amigo”, quien es estudiante; “enemigo”, el otro que desea ingresar al campus para alguna actividad social o cultural.
Al día de hoy me pregunto qué hubiera sucedido si mi abuelo hubiera sido encontrado en ese viejo baño. Y si mi abuela no hubiera tenido que esperar tres días, sino 40 años -y contando-, para que el Estado reconociera las atrocidades cometidas durante la década de los 80 en la Universidad Nacional de Colombia.
Probablemente, y como ocurrió con las familias del Colectivo 82- quienes fueron reconocidas como víctimas y cuyos familiares fueron posteriormente graduados póstumamente en una dolorosa ceremonia en el León de Greiff en 2024-, pensaría en la Universidad Nacional con dolor y rabia. Pienso entonces en Teresa Sanjuán en las demás familiares de los 13 desaparecidos, y en lo doloroso que debe ser escuchar en las noticias cómo los mismos discursos que alguna vez prepararon el terreno para la violencia vuelven a aparecer.
Es momento de unirnos como comunidad universitaria, de alzar nuestros lápices, nuestra digna carpa roja de SINTRAUNAL, nuestras escuadras, batas y códigos, y de llenarnos de valor. La dignidad, la autonomía universitaria y la independencia de la academia nos llaman a posicionarnos y, sobre todo, a cuidarnos.
Me niego a ceder ante la desesperanza. Aún nos quedan muchos árboles que sembrar en la Unidad Camilo Torres.
Sofía Pérez Amado